La Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) acordó hoy, 27 de mayo, participar en un proyecto transnacional que optará a fondos europeos del programa Interreg Atlantic Area con el objetivo de impulsar Asturias como Smart Region. La iniciativa prevé un presupuesto confinanciado de dos millones de euros.

Entre los ejes que se explorarán para redactar la hoja de ruta de esta iniciativa destacan el urbanismo inteligente en parques residenciales y en espacios públicos y empresariales, así como las soluciones de movilidad sostenible y la gobernanza innovadora.

La FACC participará como socia del partenariado que optará a estos fondos comunitarios y que estará integrado por el Gobierno del Principado, la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Sintra, la Escuela Universitaria de Economía y Gestión de Lisboa, Distrito Metropolitano de Caen-Normandía y la Escuela de Gestión de Normandía. La iniciativa contará además con la colaboración de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Gestión financiera de los Ayuntamientos de Gijón y Tineo

La Comisión Ejecutiva fe la FACC acordó, por otra parte, mostrar su disconformidad con el cuestionamiento de la gestión financiera de los Ayuntamientos de Gijón y Tineo; en el caso del gijonés por sobrepasar su techo de gasto para 2015 y en el tinetense por supuestamente superar en un 65% el presupuesto previsto para 2014.

La FACC entiende que la imagen negativa que se ha proyectado de ambos municipios no se ajusta a su realidad, puesto que ambas Corporaciones no presentan problemas financieros. En el caso de Ayuntamiento de Gijón, cumple con los parámetros legales tanto en volumen de endeudamiento, plazo de pago a proveedores y remanente de tesorería y tan solo no se ajusta al techo de gasto, cuyo modelo de aplicación ya ha sido rechazado por la Junta de Gobierno de la FEMP.

Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Tineo, la desviación en el presupuesto de 2014 que le atribuye una consultara responde a la comparación de los créditos iniciales consignados en el presupuesto con las obligaciones reconocidas al final del ejercicio. En todo caso, la Corporación tinetense cerró el ejercicio en cuestión con una capacidad de financiación de 771.130 euros, un remanente de tesorería de 516.000 euros y una desviación de la previsión presupuestaria positiva del 0,21%.

 En este contexto, la FACC dese recordar que la Local es la única Administración que ha cerrado sus últimos ejercicios con superávit; lamentando que la normativa vigente prohíbe destinar ese superávit a mejorar los servicios locales. Asimismo, recuerda que el techo de gasto municipal se calcula sobre la liquidación del presupuesto y no sobre el proyecto inicial, lo que penaliza a los Ayuntamientos cumplidores que generan superávit.

Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central de Asturias

La Comisión Ejecutiva de la FACC ratificó igualmente el documento de consideraciones sobre las Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central de Asturias en el que plantea la necesidad articular la participación de los Ayuntamientos implicados y de la FACC a lo largo de todo el proceso, así como preservar la autonomía local.

El documento, elaborado por la Comisión de Ordenación del Territorio dela FACC bajo la coordinación de la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, entiende que se está “ante un momento crucial y una importante oportunidad de ordenar un territorio de base urbana que facilite el acceso a nuevas financiaciones a nivel nacional o europeo, además de ejercer como polo de atracción de personas, capitales y recursos”. No obstante, puntualiza que “la participación municipal debe realizarse desde un plano de igualdad institucional y con respeto a la autonomía municipal y al principio de subsidiariedad”.

Sobre la delimitación del ámbito territorial del Área Central, el documento apunta que tras el proceso de participación local y de tramitación del avance, nada debe impedir que los límites pudieran modificarse facilitando el acceso de otros municipios con parecida vinculación económica y social.

Respecto a la fórmula de gestión, el informe expone que en las Directrices Subregionales tan sólo se recogen dos de las múltiples fórmulas posibles –Consorcio Metropolitano de Asturias o Consejo Metropolitano de Asturias–, pudiendo plantearse otras figuras de colaboración intermunicipal que dispensen una mayor consideración a la participación municipal en lo relativo a la autonomía local y al libre ejercicio de sus competencias.

En este contexto, se propone analizar el coste-beneficio del Área Central de Asturias, así como su integración en el marco de los consorcios ya existentes, que prestan servicios de transporte, residuos, abastecimiento de agua o servicios tecnológicos y cuyo radio de acción excede los límites geográficos del espacio metropolitano definido en las Directrices Subregionales.

En este dictamen, y como representante de la totalidad de los ayuntamientos asturianos, la FACC plantea de igual forma complementar el impulso del área metropolitana con otras políticas y planes que permitan un desarrollo equilibrado, sostenible e inclusivo del territorio de Asturias y de sus habitantes en su conjunto. Así se reclama “contemplar el diseño de estrategias específicas tanto para los concejos limítrofes del área metropolitana como para los más alejados, configurando así una política territorial integral para el conjunto de la región”.

Protocolo de Cooperación para la protección del medio ambiente atmosférico

Entre las cuestiones abordadas por la Comisión Ejecutiva de la FACC se incluyó asimismo el borrador de Protocolo de Cooperación Institucional entre el Gobierno del Principado y 15 Ayuntamientos asturianos para la protección del medio ambiente atmosférico, aprobado el dictamen elaborado al respecto por la Comisión de Medio Ambiente bajo la coordinación del Alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza.

El documento destaca que, tal como recoge el borrador del Convenio, la Autonómica es la única administración competente para la  aplicación  de  los  instrumentos  preventivos de intervención ambiental, así como para el control, inspección y vigilancia de las actividades, no teniendo los municipios competencia en este ámbito.

Por ello se recuerda que para algunas de las obligaciones recogidas en dicho convenio quizá fuera preciso establecer una encomienda de gestión o procedimientos pertinentes, lo que obliga a tener en cuenta el artículo 27 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local donde se establece que dichas delegaciones de competencias habrán de ir acompañadas “de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación”.

Por ello, el informe indica que el desarrollo del citado convenio puede afectar a los presupuestos municipales, pues la inspección y vigilancia atmosférica no son una competencia municipal y, por tanto, en muchos casos no se dispondrá de los medios técnicos y humanos necesarios o adecuados, lo que consecuentemente conllevaría destinar gasto y recursos locales a una función que no es competencia local.

Anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible del Principado

La Comisión Ejecutiva aprobó también el documento de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible del Principado de Asturias, elaboradas por la Comisión de Infraestructuras bajo la coordinación del Alcalde de Grado, José Luis Trabanco González.

En líneas generales el documento plantea la necesidad de una mayor concreción en la definición de las competencias municipales en este ámbito del transporte y la movilidad sostenible. También se reclama que los preceptivos informes que deben solicitarse a los Ayuntamientos en el desarrollo de esta norma tengan carácter vinculante, al entender que cualquier autorización relativa a los transportes que operan en un concejo tiene un efecto directo en su territorio y sobre sus habitantes.

Otros asuntos

Finalmente, la Comisión Ejecutiva de la FACC abordó igualmente el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Principado y sendas propuestas para financiación de proyectos locales en el ámbito de la cooperación al desarrollo y de la promoción de la salud y de los hábitos de vida saludables.