El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.), Jorge Suárez García, compareció el lunes 9 de noviembre ante la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de la Junta General del Principado de Asturias para trasladar la perspectiva municipal sobre el proyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas.

Durante su intervención, Suárez destacó la importancia de respetar la autonomía local y garantizar que cada ayuntamiento pueda decidir si aplica o no el recargo turístico, atendiendo a las características de su concejo, la presión turística que soporta y las necesidades de financiación de sus servicios públicos.

El presidente de la F.A.CC. comenzó aclarando que la Federación no ha adoptado ningún acuerdo a favor ni en contra del proyecto de ley, al no existir unanimidad entre los ayuntamientos. En este sentido, recordó que la organización representa a concejos con realidades y sensibilidades diferentes y que su responsabilidad como presidente es respetar esa pluralidad.

«Como presidente, me corresponde representar esa pluralidad, sin atribuir a la Federación una posición que no ha acordado», señaló.

Autonomía municipal para decidir

Jorge Suárez García valoró especialmente que el proyecto de ley contemple un impuesto autonómico bonificado al cien por cien y permita a los ayuntamientos establecer, mediante ordenanza, un recargo voluntario. A su juicio, este planteamiento reconoce la capacidad de las corporaciones locales para adoptar sus propias decisiones, ya que la medida puede resultar útil para determinados municipios y no ser necesaria para otros.

«Defender la autonomía local significa reconocer su capacidad para decidir, valorando tanto la aportación del turismo como los costes que genera», afirmó.

Durante su comparecencia, el presidente de la Federación reconoció la importante contribución del turismo al empleo y a la economía asturiana, así como las legítimas preocupaciones expresadas por el sector hotelero y hostelero. No obstante, recordó que los ayuntamientos deben atender al conjunto de la ciudadanía y afrontar los gastos adicionales que genera la actividad turística, especialmente en determinados periodos del año. Entre estos costes mencionó el incremento de la recogida de residuos, el refuerzo de la limpieza, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la ordenación del tráfico y la atención a aparcamientos, playas y servicios de salvamento.

Estas necesidades obligan a reforzar medios, personal y recursos económicos, especialmente entre junio y septiembre y durante la Semana Santa, periodos en los que el proyecto contempla la posibilidad de aplicar el recargo. Suárez defendió que los ayuntamientos puedan disponer de herramientas que contribuyan a sufragar estos servicios, tanto en beneficio de sus residentes como de quienes visitan Asturias.

Las limitaciones de la tasa turística

El presidente de la F.A.CC. también advirtió de las limitaciones del impuesto, especialmente en aquellos concejos que reciben numerosos visitantes de un solo día, que utilizan los servicios municipales sin realizar pernoctaciones.

En este sentido, recordó que el lugar donde se producen las estancias turísticas no siempre coincide con aquel en el que se soportan los gastos derivados de la actividad turística. Por ello, consideró que el impuesto no resolverá por sí solo las necesidades de financiación de todos los municipios turísticos, aunque puede constituir un instrumento útil para algunos ayuntamientos.

En la parte final de su intervención, Jorge Suárez insistió en que deben respetarse tanto las decisiones de los municipios que opten por establecer el recargo como las de aquellos que consideren que no resulta adecuado para sus circunstancias.

«La Federación no viene a sustituir el criterio de los ayuntamientos. Como presidente, vengo a defender su capacidad para decidir si establecen este recargo, atendiendo a sus circunstancias y respondiendo ante la ciudadanía de su municipio», concluyó.

Suárez señaló, finalmente, que, si prospera el proyecto de ley, serán los propios ayuntamientos quienes determinen en la práctica la utilidad de esta herramienta, en función de las necesidades y características de cada concejo.

Comparecencia de otros alcaldes asturianos

Ante la Comisión también comparecieron los alcaldes de Morcín, Maximino García Suárez; Carreño, Ángel Manuel García Vega; Avilés, Mariví Monteserín Rodríguez; Cabrales, José Sánchez Díaz; Cudillero, Carlos Valle Ondina; y Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, quienes se mostraron favorables a la implantación de esta nueva figura impositiva.

Durante sus intervenciones, varios de ellos plantearon que hubieran preferido un impuesto de carácter autonómico, cuya recaudación se distribuyera entre el conjunto de los ayuntamientos asturianos mediante criterios de reparto similares a los utilizados en el Fondo de Cooperación Municipal.